Obtener un diploma de universidad es un gran logro para cualquier ser humano.
Se puede decir que una persona que logra terminar un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico debe ser un individuo muy inteligente capaz de tener un juicio crítico independiente y con altas probabilidades de convertirse en un líder de Puerto Rico en algún momento.
Si se le añade que esa persona logra finalizar su carrera con un promedio de 4.00 pues casi hay que nominarlo para Gobernador de Puerto Rico. Ese individuo, aunque usted no lo crea, es Roberto Sánchez Ramos. Obviamente con este individuo todas las ecuaciones y probabilidades no funcionaron pues a pesar de haber alcanzado los logros arriba indicados este abogado de profesión es la máxima expresión de la ineptitud. No todo lo que brilla es oro, las apariencias engañan, si parece gato y camina como gato puede que sea un ratón.
Para ser justo con la historia debo señalar que la figura del Secretario de Justicia siempre ha sido una controversial. La persona que ha ocupado esa posición ha sido blanco de ataques y denuncias de falta de imparcialidad. No debemos esperar que un oficial nombrado por el Gobernador y bajo su supervisión actúe con total independencia. Eso sería utópico.
Sin embargo, tampoco debemos irnos al extremo como es el caso del inepto licenciado Roberto Sánchez Ramos. Cuando era Procurador General no hizo nada con respecto al sonado caso de los cheques entregados por el Doctor Richard Machado personalmente a Aníbal Acevedo Vilá. Hoy sabemos que esos cheques eran parte de una conducta ilegal habitual en Acevedo Vilá. Hoy entendemos que Sánchez Ramos no hizo nada porque vendió su dignidad de la misma forma que se vende la carne en los supermercados a cambio de un puesto como Secretario de Justicia.
En materia de la lucha contra el tráfico de drogas y crimen organizado el Departamento de Justicia de Puerto Rico se ha quedado atrás.
En un País donde la criminalidad es alarmante y nuestro pueblo es utilizado como puente del trasiego de drogas y armas entre Suramérica y Estados Unidos tenemos a las autoridades estatales lidereadas por Roberto "Boberto" Sánchez en un estado de inercia. Aunque soy estadista y creo en la capacidad de las autoridades federales en combatir la criminalidad tengo que aceptar que espero el mínimo esfuerzo de las autoridades estatales en la lucha contra la criminalidad. Existen recursos federales que pueden ser utilizados por los oficiales de ley y orden para combatir la delincuencia.
Lo único que podemos recordar hasta el momento del trabajo de Sánchez Ramos son fracasos y más fracasos. Podemos enumerar algunos de ellos para que no se pierda de perspectiva la ineptitud de este "ignorante con iniciativa":
1) Radicó cargos criminales contra el Doctor Pedro Rosselló por el asunto de su pensión aún cuando la ex Secretaria de Justicia bajo Sila Calderón, Anabelle Rodríguez, hoy Juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, recomendó que se finalizara la investigación por no haberse encontrado prueba contra Rosselló. Durante el proceso el flamante "Boberto" recibió duras derrotas de parte del sistema judicial y su caso no llegó ni a primera base.
Ante el fracaso convocó a una conferencia de prensa en la cual por poco llora y grita como un nene malcriado al cual le han negado una paleta.
2) No pudó sostener dos de los tres cargos de asesinato que pesaban contra el notorio narcotraficante Alex Capó Carrillo "Alex Trujillo" a pesar de que afirmaba que su departamento tenía pruebas contundentes contra el criminal. En varias ocasiones puso en ridículo el trabajo de cientos de buenos empleados que laboran en el Departamento de Justicia y ha mantenido conflictos laborales con sus fiscales. En los pasillos de la agencia que "Boberto" alegadamente dirige se sabe que son otros los que toman desiciones por él.
3) Despachó los referidos de justicia federal sobre alegados delitos electorales cometidos por líderes populares como meros "chismes". Roberto Sánchez Ramos no puede quitarse la camisa popular ni siquiera para hacer el amago de justicia.
En un sondeo realizado esta semana en www.endi.com el 70% de los que participaron indicaron confiar en las autoridades federales por encima de las estatales. Es increíble que en nuestro País no se pueda confiar en aquellos funcionarios públicos a los cuales se le paga el sueldo de nuestras contribuciones.
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